El problema de la vivienda está exigiendo el Ministerio de Vivienda y sus diferentes organismos dependientes, como Hogar 67, la puesta en marcha de numerosas iniciativas que están agotando tantos los recursos públicos como las energías de trabajadores y técnicos. Finalmente, tras una reunión de urgencia de la cúpula del Ministerio, se dio luz verde al último proyecto de innovación en materia de vivienda: preguntar a Chat GPT.
«Consideramos que es el momento indicado para implicarse plenamente en las últimas tecnologías al servicio del ciudadano. En este sentido, la IA ha demostrado una resiliencia y capacidad de trabajo admirable, respondiendo a nuestras preguntas incluso a la hora del pincho, extremo que no solemos alcanzar en el propio Ministerio, ni siquiera cuando se prevé la visita de la Unidad de Inspección».
Así, pues, los técnicos del Ministerio de Vivienda elaboraron una batería de preguntas a Chat GPT que incluía cuestiones como: «¿Y ahora qué hacemos?» «tú esto cómo lo ves», «por favor, redáctame esto sin que parezca IA». El modelo de inteligencia artificial generativa respondió con su habitual diligencia elaborando un discurso de aproximadamente cien puntos que incluyó como frases estrella: «pero hay algo todavía más importante», «hay otra señal que me parece más interesante», «yo sería prudente».
La sinergia entre el Ministerio y Chat GPT promete soluciones escalables y sintientes en materia de vivienda
Como resultado de esta revolucionaria colaboración entre inteligencia artificial y diligencia funcionarial, fuentes del Ministerio apuntan a que en un plazo aproximado de 6 a 18 meses, se presentará un primer borrador que, una vez que circule por diversas comisiones de servicios a lo largo de 5 a 10 meses, tomará forma completa hasta que la Secretaría de Vivienda difunda la versión definitiva del proyecto a Hogar 67 que, si logra superar el cuello de botella en el que se haya ahora mismo su ritmo de trabajo, hará llegar al Congreso sus conclusiones en dos años, máximo.
A partir de ahí, tocaría esperar la negociación entre los diversos grupos parlamentarios que, si todo va bien, darían luz verde a los aspectos más importantes del informe, especialmente aquellas soluciones escalables, sostenibles, sostenientes y sintientes que permitan, en un periodo no superior a 10 años, construir del orden de uno o dos edificios de titularidad pública cada quinquenio.
