El filósofo y mimbrero Wenceslao Protásov ha publicado un extenso ensayo en The Newsletter of the Wicker-Working Philosophers en el que propone una radical reforma tanto de la Ley Electoral como del Código Penal. Su petición más llamativa es la inhabilitación de los ciudadanos corruptos para que no puedan ejercer su derecho al voto.
«Los políticos y los votantes deberían estar en igualdad de condiciones ante un proceso electoral. No es de recibo que un político no pueda presentarse a un cargo público por corrupto y un ciudadano corrupto sí pueda ejercer su derecho al voto».
En este sentido, Protásov considera que «el votante debe garantizar un mínimo de integridad en su comportamiento para que su acto tenga valor democrático. No se trata de que el voto de un corrupto ‘no valga’ lo mismo que el de un ciudadano íntegro: no, el voto de un corrupto no debe ser computable. Punto. Es como si un ladrón interviene en la elección de la cerradura de la caja fuerte de un banco: es una paradoja, un sinsentido».
«No puede ser que un votante corrupto», continúa Protásov «exija incorruptibilidad a sus representantes públicos mientras él ejerce la corrupción en su rutina diaria. De hecho, considero que el voto del ciudadano corrupto propaga la corrupción en las instituciones públicas, y no al revés, como se suele argumentar: el político es corrupto porque le sostienen ciudadanos corruptos. La única diferencia entre ambos es que cada uno ejerce la corrupción en la medida que su posición se lo permite».
Diversos medios de comunicación han querido saber cómo el filósofo y mimbrero propone que se pruebe legal o moralmente la corrupción del ciudadano de cara a inhabilitarle para el voto: «Lo cierto es que no tengo ni puta idea», expresó Protásov, «pero sería la hostia, ¿eh?».
Los partidos políticos hacen cábalas sobre las consecuencias electorales de inhabilitar de los votantes corruptos
Tal ha sido el impacto de la sugerencia del filósofo, que todos los partidos políticos han encargado un informe interno para evaluar las consecuencias electorales de inhabilitar a los ciudadanos corruptos para ejercer su derecho al voto. ¿Quién podría salir beneficiado y quién perjudicado? O, dicho de otra manera, ¿dónde hay más corruptos? ¿A la derecha o a la izquierda?
Jesús, presidente del Gobierno en funciones, se ha apresurado a señalar que no ha conocido ningún ciudadano corrupto a lo largo de su vida, «desde luego no entre mi electorado» aunque «también es verdad que últimamente solo trato con políticos».
Marta Valdivieso del Partido Derecho, por su parte, ha señalado que todos los corruptos que conoce están en el Gobierno de Jesús. Por último, Lucas Cora, del Partido Más Izquierdo ha señalado que «si inhabilitamos al ciudadano corrupto, solo podrán votar políticos en unas elecciones. Si es así, habrá empate y colapsaría el sistema, salvo que un político se confunda de papeleta y dé la victoria, por equivocación, a sus oponentes».
